Tomada de la AIN.
Los periódicos Granma y Trabajadores publican este lunes una amplia información de la reunión, donde se expresa que los tres primeros temas, presentados por el miembro del Buró Político Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, estuvieron dedicados a exponer las transformaciones que se realizarán en la base productiva del sector agropecuario y forestal.
También acerca del perfeccionamiento de la comercialización de insumos, equipos, servicios especializados, piensos y subproductos industriales para alimento animal, decisiones todas que deberán conducir a incrementar la producción, la eficiencia y la calidad.
Sobre la base productiva del sector agropecuario y forestal, explicó que está integrada por empresas, Granjas Estatales, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y agricultores pequeños.
"En la actualidad, el pueblo, representado por el Estado, es propietario del 80 % de la tierra, mientras que del 70,5 % del área agrícola total está encargado el sector cooperativo y campesino, ya sea como dueño o usufructuario; sin embargo, las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de gestionar la tierra, no han conducido al necesario aumento de la producción", aseguró Murillo Jorge.
En tal sentido, consideró, "se requiere rectificar las distorsiones que han afectado los resultados económicos". Además, dijo, "urge poner en igualdad de condiciones a todos los productores, liberar las fuerzas productivas y propiciar su eficiencia".
A ello da respuesta precisamente la política aprobada por el Consejo de Ministros, con la cual se avanza en la implementación de varios Lineamientos refrendados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, referidos a la adopción de un modelo de gestión en la base productiva para facilitar su funcionamiento, lograr autonomía, priorizar las producciones generadoras de ingresos externos o que sustituyen importaciones, reducir las tierras ociosas, aumentar los rendimientos y desarrollar una agricultura sostenible.
Entre los principios de las nuevas disposiciones está concentrar, sobre todo en las empresas estatales, renglones tan importantes como los cítricos, los cultivos protegidos, las semillas registradas, la reproducción porcina, la genética de las especies y la ganadería bufalina, señaló Murillo Jorge.
Las producciones dirigidas a satisfacer la demanda estatal planificada se controlarán mediante los contratos establecidos entre las partes. Asimismo, se autorizará que toda la base productiva, luego de haber cumplido las obligaciones pactadas, venda sus producciones a las personas naturales y jurídicas que considere.
"En las cooperativas agropecuarias se unificará el régimen económico referente a la formación y distribución de los fondos, tomando en cuenta las características de cada una".
Igualmente, se autorizará a los agricultores pequeños vinculados a las Granjas Estatales, UBPC, CPA y asociados o no a las CCS a relacionarse directamente con personas naturales y jurídicas en lo relativo al mercado de insumos, servicios y productos.
Como parte de esta reestructuración del sector agropecuario, el también Vicepresidente del Consejo de Ministros expuso la propuesta para la comercialización de insumos, equipamientos y servicios especializados, lo cual constituye un paso concreto en el camino de continuar desatando las fuerzas productivas.
Una de las principales causas de los problemas que actualmente se afrontan, es que ha prevalecido el método de asignación de recursos a través de paquetes tecnológicos para las producciones de interés estatal, mientras que al resto no siempre se le aseguran ni en tiempo ni en cantidad. Se entregan insumos sin tener en cuenta la capacidad financiera y la eficiencia de los productores, a quienes tampoco se les ha garantizado la venta de medicamentos de uso veterinario.
Para solucionar estas y otras deficiencias, la política certificada por el Consejo de Ministros propone pasar gradualmente de la asignación administrativa de insumos y equipamientos a métodos económicos, que den acceso directo al mercado mayorista y minorista. Esta comercialización se realizará a precios sin subsidios y de forma liberada.
Al mismo tiempo, destacó que se adoptarán medidas con el objetivo de evitar en lo posible que el incremento de los precios afecte a la población.
Con el propósito de comprobar la factibilidad de esta forma de comercialización se iniciará a partir del 2014 un experimento en el Municipio Especial Isla de la Juventud, donde existe un programa de desarrollo territorial. No obstante, también puede irse extendiendo con otros productos al resto del país.
De igual manera, correspondió a Murillo Jorge informar sobre la propuesta para perfeccionar la producción y comercialización de pienso y subproductos industriales destinados a la alimentación animal.
Las medidas —enfatizó— están encaminadas a desarrollar un programa integral de inversiones, reparaciones y mantenimiento en la industria, el transporte, el almacenamiento de materias primas y otros, con el fin de darles respuesta a las demandas del Plan de la Economía.
Así, se potenciará la utilización de los subproductos industriales nacionales como fuente para dar respuesta a la demanda de piensos y materias primas.
Además, se ha previsto crear también en el Municipio Especial Isla de la Juventud, de forma experimental, un mercado de venta liberada de dichos productos, a precios sin subsidios, a todos los productores, que se extenderá paulatinamente al resto del territorio nacional, al concluir esa experiencia. Antes de su puesta en funcionamiento se desarrollará un programa de capacitación y preparación de aproximadamente seis meses.
Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, expuso la política para reestructurar la red de centros de enseñanza artística profesional.
Esta reestructuración tiene como objetivo fundamental continuar elevando la calidad y el rigor, con la consiguiente optimización de los recursos que para ella se disponen.
Entre los principales problemas señaló que los Consejos Nacionales y Provinciales de las Artes Plásticas y las Artes Escénicas no han proyectado sus necesidades de formación según las perspectivas de desarrollo de las provincias y municipios.
Al mismo tiempo, es deficiente el estado constructivo, existe carencia de equipamiento, las estructuras y plantillas están sobredimensionadas y los claustros de algunas de estas escuelas no cuentan con la experiencia, la solidez y el resultado artístico requerido, afirmó.
Manifestó que la preparación general de los estudiantes de nivel medio profesional de las artes no es similar a la de preuniversitario y eso limita la posibilidad de continuar estudios en otras carreras del nivel superior. Por ejemplo, en este tipo de enseñanza asignaturas como Matemática no se imparte.
De tal forma, la política está dirigida a reestructurar, durante los cursos 2013–2014 y 2014–2015, la red de centros para la enseñanza artística profesional con un criterio regional en las especialidades. Los programas de desarrollo se elaborarán teniendo en cuenta las perspectivas a nivel territorial y las posibilidades económicas del país.
Se readecuarán las estructuras y plantillas para lograr una mayor racionalidad y se desplegará un programa inversionista para el periodo 2014–2019 que garantice mejorar las condiciones en la infraestructura y el equipamiento necesario para esta formación tan especializada.
Más adelante, el propio Andollo Valdés, dio a conocer los principales aspectos incluidos en la política diseñada para el reordenamiento de los más de doscientos centros de investigación científico-técnica existentes que han funcionado casi en su totalidad como unidades presupuestadas.
Explicó que en la actualidad el país cuenta con diferentes tipos de entidades que se dedican a la ciencia, la tecnología y la innovación a las cuales se les asignan diferentes denominaciones.
"Por ello —dijo—, se hace necesario integrarlas coherentemente de acuerdo con sus objetivos, de forma tal que se aprovechen mejor sus capacidades". Destacó que a partir de la implementación de la política, la totalidad de estas entidades se denominarán como de ciencia, tecnología e innovación.
Asimismo, las nuevas decisiones se llevarán a cabo con criterios de racionalidad y sustentabilidad, que permitan incrementar el aporte de dichos centros al desarrollo económico y social de la nación, de modo que se logren aplicar en la práctica aquellas investigaciones que así lo ameriten.
En tal sentido, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros valoró que "la clave fundamental está en investigar, desarrollar, producir y comercializar", algo que no en todos los casos se comporta así.
Al respecto apuntó que existen cientos de investigaciones a las que no siempre se les ha prestado la debida atención, sobre todo en el área de las ciencias sociales.
Andollo Valdés explicó luego que las entidades cuyos resultados tributen directamente a la producción pasarán a ser parte del sistema empresarial. También podrán conformarse de forma presupuestada con tratamiento especial y, de manera excepcional, totalmente presupuestadas, fundamentalmente en las ciencias sociales, exactas y naturales.
Con estas decisiones se potencia el papel de las universidades, teniendo en cuenta su doble función de docencia e investigación.
Entre las medidas, se ha previsto desarrollar mecanismos que posibiliten a las entidades y al personal que en ellas labora participar de los beneficios económicos que genera la aplicación de los resultados de sus investigaciones, lo cual tributará a la autonomía y sustentabilidad de estos centros.
Al término de la exposición de estos dos temas, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron las políticas diseñadas, para cuya implementación se presentaron los respectivos cronogramas de trabajo.
Por su parte, Inés María Chapman Waugh, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), informó sobre las pérdidas de agua en el interior de las viviendas y el programa para revertir esa dañina situación. "Dentro de las casas —señaló— se derrocha el 22 por ciento del agua suministrada, a causa del deterioro de las redes internas, el mal estado de los herrajes hidrosanitarios y los derrames que se generan desde los tanques elevados y las cisternas.
"Ante este problema —reflexionó—, resulta imprescindible implementar un programa diferenciado de aseguramiento y comercialización de dichos herrajes a precios que no tengan un carácter recaudatorio y al mismo tiempo estimulen a que las personas eliminen los salideros en sus viviendas.
"A las personas que, luego de un análisis de sus posibilidades económicas, se declaren insolventes, se les aplicará un subsidio a partir de los procedimientos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
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